La JEP anunció la acreditación como víctimas de 11 antiguos integrantes del Ejército que resultaron heridos por minas antipersonales entre 1997 y el 2014 en Dabeiba, Turbo y Apartadó, en el occidente antioqueño.
La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad se presentó luego de que los afectados presentaron el relato de los hechos, así como pruebas sumarias y documentación complementaria.
"Tras analizar esta información, la magistratura determinó que, como consecuencia del uso de minas antipersonales, todos ellos sufrieron lesiones físicas, amputaciones y traumas severos de carácter permanente, que afectaron su integridad y truncaron sus proyectos de vida", indica la JEP en un comunicado.
Sumado a esto, entre ellos hubo quienes solicitaron el reconocimiento de sus seres queridos como víctimas indirectas, a causa de las secuelas físicas y emocionales en sus núcleos familiares y otras 23 personas resultaron acreditadas.
Minas, prohibidas y usadas
Para la JEP, la decisión obedece a que el uso de las minas está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario, así como por la legislación colombiana. También, con esto busca reconocer la dignidad y el valor de quienes padecieron por el conflicto en Urabá.
"El auto que resuelve esta acreditación también enfatiza en la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y al DIH que implican los artefactos explosivos improvisados. Estas armas, que no distinguen entre combatientes y civiles, han dejado huellas imborrables de dolor en las víctimas y comunidades de la región de Urabá", especifica la JEP.
Por medio de esta decisión se solicita a la Fiscalía General de la Nación que informe sobre las investigaciones en curso relacionadas con estos hechos, y se orden al Grupo de Análisis de la Información (Grai) georreferenciar los lugares donde ocurrieron los incidentes.
También, la Secretaría Ejecutiva, a la Oficina Estructuradora de Proyectos, la Oficina de Enfoques Diferenciales y a la Oficina de Justicia Restaurativa tendrán la tarea de integrar esto a un proceso de atención integral y restaurativa para las víctimas acreditadas.
El Caso 04, que abarca esta decisión, abarca crímenes cometidos entre 1986 y 2016 en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba y San Pedro de Urabá (Antioquia); El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó); Tierralta y Valencia (Córdoba).
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